Ayer se celebró el Observatorio Economía y Salud, que ha resaltado el papel de los ayuntamientos españoles para diseñar y desarrollar políticas de salud pública que mejoren el abordaje de las enfermedades no transmisibles. Durante el Observatorio se presentó el informe «Desafíos emergentes para la salud pública: las enfermedades no transmisibles», elaborado con la colaboración de Boehringer Ingelheim y diferentes expertos como Jesús María Fernández, Director General de Hiris.
El documento destaca el conocimiento directo sobre las necesidades concretas de la población que tienen los ayuntamientos. No obstante, indica que actualmente, y salvo el caso de grandes ciudades, la actividad municipal en esta materia «se limita a las funciones propias de higiene y salubridad». Por ello, el texto aboga por la coordinación y retroalimentación de todos los niveles administrativos, bajo el paraguas común definido por la Unión Europea, para «alcanzar resultados significativos y equitativos en la protección y mejora de la salud pública gracias a las nuevas herramientas disponibles».
«Los municipios son las entidades públicas más cercanas a los ciudadanos y que les pueden facilitar, por ejemplo, espacios saludables para evitar enfermedades no transmisibles. En muchas ocasiones, son municipios los que tienen mayor capacidad de integración de esas políticas, sin embargo, apenas tienen responsabilidades en España. Es algo que hay que mejorar», aseguró el fundador y CEO de Hiris, Jesús María Fernández.
En este punto, Fernández ha insistido en que «hay que actuar desde todas las Administraciones públicas», a la vez que ha añadido que «no es una sola cuestión del Ministerio de Sanidad». «Por ello, los ayuntamientos tienen que actuar en sus políticas desde una perspectiva de salud», ha agregado.
Esta falta de implicación de los ayuntamientos tiene que ver con la legislación, “todas las leyes sanitarias de la democracia española han ido vaciando de responsabilidades en salud a los municipios”, apuntó Fernández, y de inversión y presupuesto finalistas, que deben partir de las políticas europeas, nacionales y autonómicas. “Igual que se hacen fondos para que los ayuntamientos desarrollen infraestructuras deberían hacerse para implementar políticas de salud pública”, añadió. El experto, además, propuso la creación de un nuevo perfil sanitario en el ámbito de la atención primaria: el agente de salud, encargado de identificar los problemas de salud pública de una comunidad y los grupos sobre los que hacer diferentes intervenciones.
El trabajo analiza los cambios que vive la sociedad española. Destacan el envejecimiento de la población y sus consecuencias: pacientes pluripatológicos y polimedicados y soledad no deseada. Abordan el cambio climático que viene acompañado de nuevas enfermedades transmisibles, ya sea por la presencia de vectores que antes no estaban en estas latitudes o por el fenómeno de la zoonosis. En tercer lugar señalan la digitalización y la explosión de las redes sociales, y otros aspectos fundamentales dentro de la salud como es el desarrollo científico de los últimos años.
Con este escenario, el informe concluye, entre otras cosas, que hay que actuar sobre los determinantes sociales de la salud “de forma muy temprana, es decir, hay que empezar a intervenir ya por las intervenciones de hoy son las responsables del cambio en los próximos 20-30 años”, advirtió Fernández. Y son todas las administraciones públicas las que tienen que implicarse.
Es necesario trabajar a nivel europeo, nacional y autonómico. Pero la inversión en salud pública tradicionalmente ha sido testimonial. Solo con la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias el gasto en este ámbito de la salud se incrementó de manera significativa, pero aún representa el 3% del gasto total en sanidad. Las administraciones tampoco se están dando prisa en materia legislativa. Un ejemplo es la Agencia Nacional de Salud Pública, que para el Fernández “es una de las intervenciones prioritarias” y, sin embargo, “once años después es todavía un proyecto de ley y difícilmente entendible que siga todavía en trámite parlamentario”.
Por último, los expertos que han elaborado el informe ofrecen una batería de diez recomendaciones con las que las administraciones de diferente nivel y no solo las del ámbito sanitario deberían ponerse manos a la obra.